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El Gobierno boliviano admitió que la inestabilidad política está afectando la capacidad del país para acceder a financiamiento externo, respaldando un reciente informe del Banco Mundial que alertó sobre este problema. La declaración oficial confirma que la incertidumbre institucional ha generado desconfianza en organismos crediticios internacionales.
Según el Ministerio de Economía, la polarización y los conflictos sociales han dificultado la negociación de nuevos préstamos y la refinanciación de deuda, limitando las opciones para impulsar proyectos de desarrollo. Aunque se asegura que se mantienen conversaciones con cooperantes, expertos señalan que el riesgo país ha aumentado.
La oposición criticó la gestión económica del oficialismo, culpándolo de agravar la crisis con medidas «improvisadas». Mientras, sectores empresariales exigen mayor certidumbre jurídica para reactivar la inversión.
El reconocimiento gubernamental marca un cambio de discurso, pues antes se negaba el impacto de la coyuntura política en la economía. Analistas advierten que, sin acuerdos básicos, Bolivia podría enfrentar mayores restricciones financieras en 2025.
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