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El equipo jurídico de Evo Morales denunció la existencia de un “plan negro” orquestado por el gobierno para aislarlo políticamente. Según sus declaraciones, el gobierno busca despojar a Morales de la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS) y evitar que se postule en futuras elecciones. Este plan, que comenzó en 2022, se intensificó en 2024 con la activación de 11 procesos legales en su contra. La abogada Cecilia Urquieta criticó el uso de la institucionalidad del Estado para llevar a cabo este plan, destacando que el gobierno teme el potencial retorno electoral de Morales.

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