El exministro de Gobierno Arturo Murillo, enfrenta una batería de acusaciones que incluyen 10 procesos penales, con dos sentencias firmes, y cerca de medio centenar de denuncias administrativas por contrataciones irregulares durante su gestión. La justicia boliviana le imputa delitos de legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y daños económicos al Estado superiores a 16 millones de bolivianos, en medio de un historial que también lo llevó a ser condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos relacionados con la compra irregular de gases lacrimógenos. La serie de investigaciones y órdenes de aprehensión, algunas emitidas en su ausencia y otras en rebeldía, reflejan el peso de una gestión marcada por controversias y acusaciones de influencia indebida en decisiones políticas y operativos de seguridad en un contexto de crisis postelectoral y pandemia.