Tras la decisión de la Confederación de Panificadores de aumentar el precio del pan a 80 centavos, en medio de acusaciones cruzadas y alertas sobre posibles hechos de corrupción en la gestión de la harina subvencionada. Mientras el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, rechazó categóricamente que la problemática sea utilizada como un chantaje para ocultar irregularidades, advirtió que esa estrategia podría estar siendo empleada para manipular la situación y desviar la atención de supuestos delitos vinculados a la distribución de insumos básicos. En medio de estas declaraciones, se reveló la denuncia formal contra el dirigente panificador Rubén Ríos, por presuntos ilícitos relacionados con la administración de la harina en la gestión anterior.